El Presidente de la
Convención y Secretario Nacional de Asuntos Legales del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), Salim Ibarra, declaró que la Ley de Partidos y de Garantías
Electorales en la actualidad no está aprobada fruto del boicot de la pieza
efectuado por el PRM.
Salim Ibarra expresó que el
candidato del PRM, Luis Abinader, no es coherente con el accionar de su partido
cuando plantea su deseo de una “discusión seria” con el fin de que se apruebe
la Ley de Partidos.
Ibarra recordó que en el
presente año se efectuaron varias reuniones en la sede de la Pucamaima,
coordinadas por Monseñor Agripino Núñez Collado en las cuales estuvieron
representantes de las principales organizaciones políticas del país, los
presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Junta Central Electoral.
El
dirigente perredeista significó que el
PRM, representado por su Presidente y su Secretario General se dedicó a estar
en contra de la mayoría de las propuestas efectuadas y asentidas por los
presentes.
Salim Ibarra, quien fue
parte de la referida mesa del diálogo, reveló que tanto el Presidente de la
República Danilo Medina a través de los comisionados del PLD como el Presidente
del PRD Ing. Miguel Vargas propiciaron el ambiente necesario para lograr un
consenso nacional con el objetivo de que contáramos con una Ley de Partidos
revestida de Garantías Electorales, pero esto no fue posible por la actitud
incompresible de la comisión del PRM.
El Secretario Legal del PRD lamentó
que se perdiera la oportunidad en el presente año de incluir dentro de nuestra
legislación electoral las propuestas que en su conjunto fueron ponderadas de
forma positiva por la mayor parte de los comisionados y de gran parte de la
sociedad dominicana.
Ibarra expresó que entre los principales puntos tratados estuvieron
la regulación de los fondos de campaña, la supervisión u organización de la
Junta Central Electoral de las convenciones de los partidos, mayor oportunidad
de acceso a los medios de comunicación, el establecimiento de normas para la
participación de los candidatos (as), y sobre todo un esquema sancionador para
los delitos electorales
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