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El fiscal Richard Guilamo lee su pedido de medida de coercion en contra del propietario del famoso centro cervecero Alegria en Villa Hermosa, mientras abajo este espera pacientemente el veredicto, no valio que decenas de vecinos agradecidos del referido centro fueran con pancartas pidiendo su absolucion.
VICTOR BORROME victorborrome48@hotmail.com
La Romana. En medio de incidentes legales y fuertes medidas de seguridad, el tribunal de atención permanente de este distrito judicial impuso medida de coercion privativa de libertad contra el nombrado Hector Josue Perez Mejía (Alias) Alegría acusado de haber ultimado a un cliente.
Este es señalado por los familiares del occiso Heno Ramirez Raposo, de haberle quitado la vida en un confuso incidente en el Colmadon Alegría que esta ubicado en el municipio de Villa Hermosa.
El Ministerio Publico Representado por el Fiscal Richard Guilamo Cedano y el fiscal Victor Enrique Henriquez Gil, propusieron la medida de coercion en contra del imputado.
Perez Mejía (Alias) Alegría, esta acusado de quitarle la vida a dicha persona en un confuso incidente en el negocio de su propiedad la noche del pasado sábado en el municipio de Villa Hermosa.
Los informes preliminares hechos por la Policía Nacional dan cuenta que el incidentes se originó cuando el hoy occiso realizó varios disparos con la pistola marca Feg, calibre 9mm, serie G2368, alcanzando dos jóvenes que resultaron heridos.
Se indica que el propietario del establecimiento, al observar la acción disparó contra el agresor (hoy occiso), y le propinó un maquinazo que le causó la muerte.
La barra de la defensa del imputado alego que se podía investigar al mismo sin necesidad de imponer la prisión preventiva, argumento que fue rebatido por el Ministerio Publico quien señalo que el mismo, evadiría la acción de la justicia porque la pena a imponer era grave, y que el imputado tenia facilidades para salir del país.
El tribunal de atención permanente de este distrito judicial representado por el juez, Abraham Nicolas Severino Saldivar, sostuvo que a pesar de haber presentado presupuestos suficientes, los mismos no destruían la presunción de fuga del imputado, por lo que la medida mas idónea para atar el imputado al proceso era la prisión preventiva por espacio de tres meses.
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