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Tras una reunión del El Consejo Nacional de Migración, el Gobierno acordó hoy acatar la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, reiterando su compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes y la independencia de los poderes públicos y constitucionales.
Al término de la reunión, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, dio lectura a un documento con los tres puntos acordados.
El primer punto fue que la Junta Central Electoral, en un plazo de 30 días, deberá rendir un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el Sistema de Registro, tanto en su condición de regulares como de irregulares.
El segundo punto acordado es que “El Consejo Nacional de Migración elaborará en un plazo de no más de 60 días el Plan de Regularización de Extranjeros.
Y el tercero es que “se procederá en lo inmediato a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su director ejecutivo”.
Marchena expresó que el Estado es sensible ante la situación de las personas que se consideran dominicanas y que sus derechos se han visto afectados como consecuencia de la sentencia.
Agregó que ante esa circunstancia el Estado está trabajando para encontrar una respuesta humanitaria y coherente y para ese objetivo fue que convocó al Consejo Nacional de Migración, luego de un proceso de consulta llevado a cabo por el Gobierno, para atender los aspectos de la decisión que corresponde a ese organismo.
El documento concluye diciendo que “el Gobierno dominicano reitera su compromiso con la implementación de una política migratoria clara y transparente ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales”.
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