VICTOR BORROME
LA ROMANA.-Un ministerial de Estrado de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de esta provincia, defendió su imagen luego de aparecer una información que lo vincula a actos deshonrosos por parte de alguien que quiere hacer daños.
El ministerial Máximo Contreras quien desempeña esa función durante unos 20 años se refirió a la acusación que hace en la prensa la personad e nombre Winston de Jesús Marte el cual vincula también a la jueza Altagracia Sánchez Molina de supuestamente aceptar la suma de RD$ 200 mil pesos para fallar a favor de un grupo que habría tratado de timar una empresa extranjera.
Dice Contreras que en ese caso hay mucha mala intención, y que la única misión es hacer saltar del cargo a la referida funcionaria, la cual lo único que hace es cumplir con sus obligaciones como magistrada y apegada a lo que dictan las directrices de La Suprema Corte de Justicia.
‘’No es cierto nada de lo que se ha publicado, esos RD$ 200 mil pesos fueron cobrados por este servidor para hacer un desalojo y posterior embargo en un centro de diversión de las afueras de la ciudad llamado Clímax , luego de haber llenado todos los requisitos que demanda una acción de esa naturaleza”.
“Ese centro ha estado envuelto en múltiples escándalos desde el pasado año 2010, y como es natural el caso llego a los tribunales, pero se han originado diversos conflictos de intereses .
“Declaro que un señor de nombre Endy Walter Méndez se prestó a petición de Winston Marte ,a firmar una declaración jurada que revela que por medio de Contreras se envió el dinero a la jueza , cuando en realidad era destinado para la ejecución del referido desalojo y por lo que emitió un recibió por la referida suma.
Manifestó el funcionario que en su larga trayectoria en el tren judicial nunca ha sido amonestado por ningún estamento superior, ya que siempre ha actuado apegado a los principios de honestidad, responsabilidad e integridad del codigo de comportamiento ético del Poder Judicial.
Contreras dijo poseer copia del otorgamiento de de la orden de desalojo por parte La Cámara Civil y Comercial de La Romana, pero cuando se presenta con el personal nada pudieron hacer porque el lugar estaba ocupado por personas armadas que imposibilitaron el cumplimiento de la ordenanza numero 398 -2010 del 26 de noviembre del 2010.
Mientras que la sentencia para realizar esa acción corresponde al número 683- 2010 de fecha 26-11-2010.
Este aprovechó para hacer la debida aclaración ya que de ninguna forma puede dejar pasar por alto esas acusaciones que a todas luces van dirigida a manchar su nombre y de la magistrada Altagracia Sánchez la cual da fe de ser una funcionaria en el ámbito judicial que siempre actuado apegada a los preceptos constitucionales .
Dijo que tiene en su poder el recibo de la suma ya mencionada por concepto del trabajo prestado para el desalojo , pero nunca jamás para ser entregados a la referida funcionaria judicial, sino para cubrir el pago de personal y la logística en sentido general para hacer el desalojo..
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